En el dinámico entorno empresarial actual, la transparencia y el cumplimiento normativo se han vuelto imperativos cruciales. En este contexto, los Canales de Denuncia, también conocidos como whistleblowing o canales de reporte, han emergido como herramientas esenciales para prevenir y detectar conductas ilícitas, desde el acoso laboral hasta la discriminación y la corrupción. Para los grupos de empresas, estos canales se vuelven obligatorios según el artículo 11 de la Ley 2/2023, lo que implica que las organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio deben implementarlos. Exploraremos la importancia de estos canales y cómo su aplicación contribuye a una cultura organizacional basada en la integridad y la responsabilidad.
El artículo 42 del Código de Comercio establece las condiciones bajo las cuales una sociedad dominante de un grupo de sociedades está obligada a formular cuentas anuales y un informe de gestión consolidados. Este requisito se aplica solo si la sociedad supera ciertos límites en términos de activo, cifra de negocios y empleados durante dos ejercicios consecutivos. Un grupo de empresas, según la definición, surge cuando una sociedad ejerce control directo o indirecto sobre otra u otras. Controlar implica tener la mayoría de los derechos de voto, la capacidad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, o incluso disponer de la mayoría de los derechos de voto mediante acuerdos con terceros.
Para estos grupos de empresas, la implementación de un Canal de Denuncia se vuelve una parte integral de su política de cumplimiento y transparencia. Este canal proporciona a empleados y terceros un medio seguro y confidencial para informar sobre irregularidades o conductas indebidas.
La Ley 2/2023 establece que, en el caso de un grupo de empresas, la sociedad dominante debe aprobar una política general relativa al Sistema interno de información, el Canal de Denuncias, y asegurar su aplicación en todas las entidades que componen el grupo. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que cada entidad del grupo tenga su propio Canal de Denuncias, dirigido a casos específicos que puedan surgir en cada una de ellas.
Esta dualidad se respalda a nivel europeo, reconociendo la eficiencia de un sistema de denuncias centralizado a nivel corporativo para ciertos aspectos, al tiempo que se destaca la importancia de abordar los problemas a nivel de la empresa donde se originó la denuncia. Esto garantiza una gestión adecuada y ágil de los casos, adaptada a las diversas normativas legales que puedan aplicarse a nivel nacional para cada empresa.
En el contexto de los grupos de empresas, los Canales de Denuncia desempeñan un papel fundamental al fomentar una cultura organizacional basada en la integridad, la ética y la responsabilidad. Al ofrecer un medio seguro y confidencial para presentar denuncias, estos canales promueven la confianza entre los empleados y la dirección, facilitando así la detección temprana de conductas ilícitas y la toma de medidas preventivas.
Además, estos Canales de Denuncia permiten a las empresas abordar rápidamente cualquier problema que pueda surgir, ya sea una denuncia de acoso laboral, discriminación o cualquier otra infracción normativa. De esta manera, se minimizan los riesgos legales y financieros asociados con comportamientos indebidos, y se refuerza la imagen de la empresa como una organización responsable y comprometida con el cumplimiento de la ley.
Para implementar un Canal de Denuncias efectivo en un grupo de empresas, es vital considerar los siguientes pasos:
La implementación de un Canal de Denuncia en grupos de empresas ofrece numerosos beneficios, entre ellos:
En conclusión, la implementación obligatoria de Canales de Denuncia para grupos de empresas no solo es un requisito legal, sino también una estrategia clave para fomentar la transparencia, la integridad y una cultura ética en el entorno empresarial. Al aprovechar estos canales de manera efectiva, los grupos de empresas pueden fortalecer su cumplimiento normativo, prevenir conductas ilícitas y construir una reputación sólida como organizaciones responsables y éticas.
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